DEL EXTRACTIVISMO COLONIAL AL EXTRACTIVISMO DEL SIGLO XXI

DEL EXTRACTIVISMO COLONIAL AL EXTRACTIVISMO DEL SIGLO  XXI

Alberto Acosta[1]


Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.

Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.

Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.

Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.

Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de esta aseveración.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantesprogresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.

Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernosprogresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de acumulación extractivista.

Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.

Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”de partelos gobernantes progresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).

En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.

En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.

Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la trampa del extractivismo es indispensable. 

Loja, 30 de septiembre del 2011

[1]Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente. 

PROPUESTAS AL PAIS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERIA

CONACAMI

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería

Declaración del Misti

Propuestas al país de las comunidades del Perú afectadas por la minería

El Foro Nacional de los Pueblos celebrado del 13 al 16 de setiembre en Arequipa, luego de haber recibido los informes de los pueblos y comunidades de diversas regiones del país sobre los terribles impactos de la actividad minera sobre la vida, la salud, el ambiente, los recursos naturales y la organización autónoma de las comunidades; y en concordancia con los informes de las mesas de trabajo que formaron parte de este evento declara lo siguiente:

Considerando que la actividad minera ha crecido enormemente desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía, elevándose actualmente a más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.

Considerando que alrededor de 300 mil personas de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha invadido sus territorios y trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional.

Considerando que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.

Considerando que la actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.

Considerando que los pueblos y comunidades campesinas u originarias son poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por su condición de pobreza, desprotección, y debido a que sus actividades dependen de los cambios en el clima y la naturaleza a la cual están estrechamente vinculados.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que esta promoción haya desarrollado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Considerando que la visión de desarrollo que enfatiza el crecimiento económico como principal indicador sobre la base de proyectar una imagen de “Perú Minero” soslaya y menoscaba otras actividades esenciales y sostenibles indispensables para la alimentación, la salud y el bienestar de la población del país, que además están asociadas a la protección de nuestra diversidad cultural y biológica y a nuestras tradiciones culturales.

Considerando que la principal respuesta de las empresas y el Estado se condensa en la nefasta política del “perro del hortelano” del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente.

Considerando que el triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala es el reflejo de una voluntad de cambio profundo y radical del modelo vigente, que desea un crecimiento económico pero con equidad e inclusión social, el cual cautele de manera prioritaria y fundamental los derechos humanos de los pueblos y comunidades cuyas voces han sido marginadas y excluidas del debate y de las grandes decisiones nacionales.

Considerando que es fundamental empezar por crear las condiciones para un diálogo constructivo, propositivo y con equidad, que actúe con veracidad sobre la realidad, superando los antagonismos entre “promineros” y “antimineros”, con la finalidad de sentar las bases para un entendimiento y formular políticas públicas adecuadas para superar los conflictos y preservar el interés nacional y los derechos humanos y de los pueblos.

Proponemos al gobierno:

1. Crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

2. Ampliar y fortalecer el marco jurídico nacional para proteger con eficacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, organizados en el Perú en comunidades campesinas y nativas, y que se encuentran amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales definen los niveles jurídicos mínimos para interpretar las normas nacionales y cautelar derechos esenciales como el derecho a la libre determinación, a elegir un modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.

3. Abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios que enfrentan a los pueblos y comunidades con las empresas mineras y el propio Estado.

4. Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay. Asimismo, cancelar aquellas concesiones mineras otorgadas que sean denunciadas por los pueblos y comunidades como lesivas y que no hayan sido consultadas ni tengan su consentimiento previo.

5. Adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades. Sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales,prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las actividades mineras. Crear un Registro Nacional de las Víctimas por metales tóxicos, e identificar y sancionar a los responsables de estos atropellos a la vida.

6. Derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social y pretenden restringirla. Amnistiar a los dirigentes comunales y luchadores sociales procesados por defender el ambiente y la vida frente a la actividad minera y reparar a las víctimas de la represión.

7. Demandar al Gobierno del presidente Ollanta Humala retomar su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero a fin de asegurar un fondo para resarcir los daños al ambiente y a las víctimas.

8. Designar al Ministerio del Ambiente como ente rector para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, con parámetros técnicos y sociales adecuados y con respeto a los derechos humanos.

9. Ordenar el territorio nacional con criterio de sostenibilidad ambiental y con la participación de los pueblos y comunidades originarias, para definir las zonas del país en las cuales se pueda o no se pueda hacer minería.

10. Apoyar la formación de una red de comités de vigilancia ambiental, para que desde las comunidades se vigile la actividad minera y se identifique con prontitud y precisión la emanación y variación de sustancias tóxicas en el aire, ambiente y cuerpos de agua.

11. Incorporar en la agenda política nacional el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a fin de fortalecer la conciencia ambiental y promover medidas que equilibren el uso armonioso y racional de los recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Arequipa, 16 de setiembre 2011

PERÚ: LOS PUEBLOS INDÍGENAS PLANTEAMOS UN NUEVO MODELO POLÍTICO Y ECONÓMICO

 

Por ser de interés, reproducimos el reciente comunicado de la CAOI


Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Perú: Los pueblos indígenas planteamos un nuevo modelo político y económico

Arequipa.- El Coordinador General de la CAOI, Miguel Palacín Quispe,
señaló hoy que la Constitución de 1993, promulgada por la dictadura de
Alberto Fujimori para imponer el neoliberalismo extractivista en el
Perú, recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Frente a ello, necesitamos un nuevo contrato social que garantice el
cambio del modelo político hacia un Estado plurinacional y el cambio
del modelo económico en crisis hacia la reconstitución del buen vivir.

Fue durante su exposición en el marco del Foro Nacional de los Pueblos
Alternativo a la 30° Convención Minera, organizado por la
Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
(CONACAMI PERÚ), que concluye mañana el viernes en esta ciudad. A
continuación, la ponencia del Coordinador General de la CAOI.

Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y las leyes del Perú

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

Los pueblos indígenas habitamos este territorio hoy llamado Perú desde
hace miles de años. La invasión europea y la Colonia interrumpieron el
proceso de nuestras civilizaciones. La República copió el modelo de
Estado uninacional europeo y se organizó en el gobierno central, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos
comunitarios no existen en la estructura del Estado. La exclusión
continúa.

La Constitución de 1919, casi un siglo después de instaurada la
República, reconoció por primera vez a las comunidades indígenas. Pero
nunca fueron reconocidos nuestros derechos territoriales.

Los pueblos indígenas no están reconocidos como tales en el Perú.
Desde el gobierno de Velasco Alvarado, han sido identificados como
comunidades campesinas en la costa y los andes, y como comunidades
nativas en la Amazonía. El gobierno de Velasco, con la Reforma Agraria
de 1969, nos devolvió las tierras, pero no los territorios. Y nos
campesinizó.

Neoliberalismo y recorte de derechos

La Constitución de 1993, promulgada por la dictadura de Alberto
Fujimori, recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La Constitución anterior, de 1979, otorgaba a las tierras de las
comunidades el carácter de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad. La de 1993 solo nos dejó la imprescriptibilidad,
dejando abierta la posibilidad de la privatización de nuestras
tierras, lo que significaría la desaparición de nuestras comunidades.

Esta Constitución fue elaborada para imponer el neoliberalismo, el
cual necesita pasar por encima de los derechos humanos y colectivos.
El neoliberalismo se impone con fuerza y la exclusión se profundiza.
Si no lo hace, no triunfa. Por eso también la creciente
criminalización de la protesta en normas dictadas por los gobiernos
que sucedieron a Fujimori, especialmente por el de Alan García Pérez,
con sus trágicas consecuencias del Baguazo y los 191 asesinados en el
marco de protestas sociales; por eso la multiplicación de los
conflictos socioambientales.

Desde 1995, el Estado peruano es parte del Convenio 169 de la OIT, que
tiene rango constitucional y, por tanto, es de obligatorio
cumplimiento. Pero jamás ha sido cumplido.

Los intentos por crear una institución estatal para los pueblos
indígenas han fracasado sucesivamente. La CONAPA  de Toledo se hundió
en la ineficacia y la corrupción. Fue sustituida por el INDEPA, al
cual fueron recortándole sucesivamente facultades, no se elegía a los
representantes indígenas en su Consejo. Finalmente, ha desaparecido y
hoy la Ley de Consulta ha dado al Viceministerio de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura el carácter de órgano técnico especializado
en materia indígena del Poder Ejecutivo.

En realidad, en el Perú el avance normativo para el reconocimiento de
los pueblos indígenas es limitado, disperso y contradictorio.

Quiénes somos

Para acabar con la exclusión, el Estado necesita saber quiénes,
cuántos somos, dónde estamos. Según el INDEPA, el Perú posee 71
etnias, 67 idiomas, agrupados en 17 familias lingüísticas, y al menos
11 pueblos en situación de aislamiento voluntario o en contacto
inicial, ubicados en las regiones de Loreto, Cusco, Madre de Dios y
Ucayali. Pero estos pueblos solo han sido identificados y no han sido
reconocidos territorialmente.

De acuerdo a los censos nacionales del 2007, la población total del
Perú ascendía a 28,220.764 habitantes, de los cuales se identificaron
como indígenas 4,295.931, que representan el 15.2 % de la población
total. En este caso, sólo se ha considerado la población que habla
alguna lengua materna originaria, mas no a quienes se auto
identifican. En el caso de los niños, en las estadísticas oficiales
solo se consideran a niños que saben  o hablan lengua materna y no están
considerados los niños hijos de indígenas y que por alguna razón solo
aprendieron hablar el castellano.

Lo cierto es que el Estado no ha hecho el esfuerzo de reconocer a los
pueblos indígenas y fijarlos territorialmente, ni ha construido
indicadores adecuados para determinar la cifra exacta de la población
indígena. Esta falta de información real dificulta e impide realizar
políticas públicas adecuadas. Por eso el Estado sigue considerándonos
y tratándonos como solo el folclor de la democracia.

Normas legales, letra muerta

Las normas constitucionales y legales son letra muerta. La
Constitución vigente (de 1993) establece que toda persona tiene
derecho a su identidad étnica y cultural; asimismo protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art. 2); reconoce la
necesidad de la educación intercultural bilingüe y la fomenta según
las características de cada zona; preserva las diversas
manifestaciones culturales y lingüísticas del país (Art. 17); reconoce
como idiomas oficiales el castellano, quechua, aimara y las demás
lenguas aborígenes (Art. 48) y consagra el derecho de propiedad
comunal sobre la tierra (Art. 89).

El artículo 88° de la Constitución establece la personería jurídica de
las Comunidades Campesinas y Nativas como entidades autónomas en su
organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición
de sus tierras, en lo económico y administrativo. El Estado respeta la
identidad cultural de las Comunidades Nativas y establece que la
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo el caso de abandono
según previsión legal. Pero, como ya hemos dicho, en la Constitución
no se reconoce expresamente a los pueblos indígenas como sujeto
jurídico, sino solo a las Comunidades Nativas y Campesinas.

Sin embargo, la normativa infra constitucional sí ha desarrollado
conceptos y definiciones específicas sobre los pueblos indígenas u
originarios: La Ley de Protección de la Diversidad Biológica y de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Ley No 27811, los
define como (Artículo 2) pueblos originarios y que tienen derechos
anteriores a la formación del Estado peruano, reconoce su cultura,
territorio, y el autorreconocimiento.

La Ley General del Ambiente, Ley No 28611, (Artículo 70) sí los
reconoce como pueblos indígenas y el derecho a su participación. Y la
Ley No 28736 reconoce a los pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y de contacto inicial (Artículo 2).

Son reconocimientos que se quedan en la letra, no se materializan en
la práctica.

Ley de Consulta

Recientemente ha sido promulgada la Ley de la Consulta. Pero esta no
reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que
es irrenunciable. La OIT y la CIDH han señalado reiteradamente que la
consulta no necesita de una ley o un reglamento para ser ejercida. Lo
que abre las puertas para el inicio de procesos para exigir la
anulación de concesiones que no fueron consultadas desde 1995, cuando
el Convenio 169 entró en vigencia en el Perú.

La Ley de la Consulta puede ser un pequeño primer paso en el
reconocimiento del derecho al consentimiento. De lo contrario, será
solo una institucionalización del diálogo. Muchos años de lucha y
muchos muertos hemos sufrido en un largo proceso por exigir el pleno
ejercicio de este derecho. Pero sin el reconocimiento del derecho al
consentimiento, a lo sumo con esta ley hemos logrado apenas un empate
político.

La Ley se ciñe estrictamente al Convenio 169 de la OIT, pero hay otras
normas internacionales que protegen nuestros derechos y que la Ley de
Consulta no incorpora, como la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que sí reconoce el derecho al
consentimiento. Hay que tener claro que si un acuerdo producto de una
consulta vulnera derechos reconocidos por tratados internacionales,
que están por encima de las leyes y sus reglamentos, puede ser
anulado.

El artículo 20 de la Ley de Consulta obliga al Viceministerio de
Cultura a crear una base de datos oficial de los pueblos indígenas.
Esto puede traducirse en el reconocimiento oficial de nuestros
pueblos. Debemos estar vigilantes para que implique el reconocimiento
de nuestros territorios.

Cambio del modelo económico y político
Finalmente, volvamos al principio: la Constitución de 1993, impuesta
por una dictadura para imponer el neoliberalismo extractivista,
recortó nuestros derechos. La lucha es entonces contra ese modelo
económico y político y por una nueva Constitución. De lo contrario,
todo avance normativo seguirá siendo solo una declaración lírica.
Necesitamos, entonces, un nuevo contrato social que garantice el
cambio del modelo político hacia un Estado plurinacional y el cambio
del modelo económico en crisis hacia la reconstitución del buen vivir.





Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2656250
Sitio web: www.minkandina.org

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¿QUIEN INCLUYE A QUIEN?

Por la importancia estratégica de tener completamente claro el significado de INCLUSION, reproducimos el texto de Rodrigo Montoya publicado hoy sábado 10 de septiembre, en LA PRIMERA.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/quien-incluye-a-quien_94361.html

¿QUIEN INCLUYE A QUIEN?

Rodrigo Montoya

En una reunión de CADE en Arequipa, hace varios años, los empresarios peruanos acordaron que defenderían una política de inclusión para el país; pero de regreso a sus centros de vida y de trabajo, olvidaron el tema. Hoy, el verbo incluir está en boca de todos, y quien en el gobierno no la mencione corre el riesgo de haber perdido el tren de la moda.

¿Quien incluye a quién?, ¿a que?, y ¿para que? Son preguntas inevitables si es que tenemos la buena voluntad de entender y, al mismo tiempo, guardamos el ojo crítico para que no nos den gato por liebre.

En una "Carta de San Antonio" --publicada en la columna de Mirko Lauer, en La República, 29 de agosto del 2011-- José Ignacio Lopez Soria menciona lo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice del verbo Incluir: "Poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites" y agrega, con razón, que "lo puesto (cosa, pálabra o persona)es sacado del mundo que le es propio para ser incorporado a un mundo que le es ajeno". En otras palabras, incluir es una propuesta que quienes gobiernan desde el poder colonial imponen para que los otros, los diferentes, los llamados indios, o indígenas dejen de pensar su realidad en sus propios términos y quieran cambiar sus destinos por su cuenta, como les de su buena gana, y también para que los llamados "pobres" acepten la bondad de quienes les dan una mano sin cuestionar la enorme desigualdad social que causa esa pobreza. "Usted es la inclusión", le habría dicho el presidente Humala a Susana Baca cuando --según la revista Caretas, 8Set2011-- recibió su fajín de ministra. Si la frase fue dicha en verdad, Es Susana Baca como persona que es incluida en el mundo oficial y no el mundo oficial el que se incluye en el mundo afrodescendiente de ella. No habría, en consecuencia, nada propio del presidente sobre la categoría inmclusión.

Cuando se formaba la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, Evaristo Nunkuag, su primer presidente, preguntó: ¿Quién integra a quién?. Entonces, 1980, estaba aún vigente la propuesta de "integración" en boca de los indigenistas, para que los llamados indios aprendan castellano, crean firmemente en el dios católico, modernicen sus técnicas de cultivo, vayan al hospital oficial y dejen de creer en shamanes y brujerías. En 1980, del mismo modo que en el siglo XVI, los gobernantes veían a los llamados indios como menores de edad y objetos de tutela.

Hoy, los movimientos políticos indígenas tienen su propio proyecto plítico, no necesitan mas de indigenistas de buena voluntad como Toledo y su "primera dama" y no quieren ser incluidos; es decir, absorvidos, comidos, aculturados y ninguneados como en el pasado. Cuando reclaman inclusión están pensando en los viejos términos de aquel discurso opuesto a la exclusión, para reclamar que parte de la riqueza que se redistribuya y algo les llegue de la nueva riqueza, como en el cuento de ese óbolo, aceptado por Alan García de sus amigos empresarios mineros. Cuidado con la inclusión. Si el presidente y los funcionarios del gobierno y los líderes indígenas reproducen el discurso liberal y colonial de la inclusión, podrían perder lo poco que los primeros han logrado y lo mucho que los últimos han conquistado en sus 30 años de lucha.

EL PAIS QUE QUEREMOS

EL PAIS QUE QUEREMOS

El discurso inaugural del presidente Ollanta Humala, tuvo la extraña virtud de tranquilizar a los que defienden la continuidad del modelo, tanto, como mantener las espectativas de quienes aspiran a un cambio. Sin embargo, por debajo de esa superficie en aparente calma, la fermentación social sigue su curso. Al margen de nuestros deseos, el proceso social nos involucra a todos, de manera que no podemos permanecer como espectadores neutrales.

A semejanza de la novela de Julio Cortazar, RAYUELA, el discurso presidencial puede leerse en muchos sentidos, requiriendo de un "tablero de dirección" para encontrarle el sentido que uno desee. Viéndolo así, corresponde al movimiento popular hacer suyo el reto planteado: "Transformar el país no es tarea fácil. No solo porque el cambio es siempre una tarea de multitudes, sino porque también implica enfrentar y superar nuestros problemas, proponer una nueva manera de convivir". Y el país que queremos, no puede ser otro que el que nos señalara José Carlos Mariátegui: "Un Perú nuevo, dentro de un mundo nuevo".

Y esa nueva manera de convivir no puede salir de una mente iluminada que diseñe un modelo perfecto de convivencia. Esa nueva manera de convivir se está gestando en las entrañas mismas de esta realidad que hoy nos duele. Hoy, mas que nunca, el destino de nuestro país está supeditado al desenlace que tengan las múltiples crisis que han acelerado su proceso de convergencia: Cambio climático, contaminación ambiental, irracional crecimiento urbano, crisis financiera, crisis alimentaria, crisis hídrica, crisis energética, desempleo estructural creciente, expansión de las economías delictivas, ascenso del crimen organizado en el control de las sociedades que hacen insostenibles las condiciones de seguridad, etc. Y dentro de este marco general, la resistencia ciudadana al deterioro creciente de sus condiciones de existencia, aunado a la resistencia de los pueblos indígenas y poblaciones rurales al despojo de sus territorios, a la depredación de sus medios de vida, y destrucción de sus culturas por parte de las inversiones extrativistas y de infraestructura. Resistencias que son difamadas, perseguidas y criminalizadas por el poder vigente.Ese es el panorama actual del mundo, que en el Perú se manifiesta con la resistencia de los pueblos andino amazónicos a las inversiones en minería, petróleo, carreteras (IIRSA) e hidroeléctricas.

El escenario actual está dominado por las turbulencias financieras que están llevando a las economías del norte a situaciones de estancamiento y recesión. Ello ha obligado a UNASUR a poner en agenda la "desconexión" de dichas economías como una forma de protegerse de los efectos de su crisis. Sin embargo, la oportunidad que se abre, da para ir mas lejos que un simple cambio de locomotora sin salirse de los rieles montados por el capital.

El punto de inflexión en esta trayectoria, lo ha marcado la "Confederación nacional de comunidades afectadas por la minería" (CONACAMI) en su reciente "Foro Birregional sobre Minería, Medio Ambiente, Cambio Climático, Salud Ambiental y Consulta Previa" que se realizó los días 22 y 23 de julio, en el que se suscribió la "Declaración de Huancayo" demandando una nueva Constitución que además de garantizar la protección de sus derechos fundamentales como pueblos originarios, establezca claramente "el caracter agrícola de nuestro país, y no minero".

Esta propuesta debe ser conocida y valorada en toda su amplitud, pues constituye un verdadero "partir las aguas" señalando una vertiente que pueda convocar a todas las fuerzas que están por la gran Transformación, sentando las bases para una reorganización general de la existencia social de los peruanos.

A partir de la defensa de la naturaleza y la vida, reivindicando la agricultura como sustento de la economía nacional, se pondrá en debate el conocimiento y las tecnologías necesarias para ello; el reordenamiento de las ciudades y una política de territorio amigable con la naturaleza. La batalla por el orden simbólico tendrá que ir desterrando la raíz eurocéntrica de nuestro pensamiento; instituyendo en su lugar, un nuevo pensamiento desde el sur, de raiz andina, que irá construyéndose en este proceso. Ese es nuestro camino.

Lima, 07 de agosto del 2011

Calixto Garmendia

POR LA VIDA: ¿INCLUSION O EXODO?

POR LA VIDA: ¿INCLUSION O EXODO?

El concepto de "inclusión social" se ha convertido en una especie de "bálsamo de fierabrás" que habrá de restituir la unidad de un país fracturado en múltiples fragmentos. El futuro ministro de economía del gobierno de "La gran transformación" nos ha recordado que ese concepto se acuñó en el CADE del 2006, en donde los empresarios, preocupados por el susto que en aquella oportunidad les hizo pasar el hoy electo presidente, recomendaron al electo presidente de entonces, "aumentar el gasto social" para incluir a los descontentos.

Hace algunos años, expertos profesionales en la materia , en un estudio sobre EXCLUSION SOCIAL Y REDUCCION DE LA POBREZA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, señalaban: "Al observar la pobreza en Anérica Latina, parece obvio que los pobres, especialmente los que se encuentran en extrema pobreza, experimentan algo mas que bajos ingresos. En nuestras sociedades existe una correlación aparentemente fuerte entre la distribución de los ingresos, la incidencia de la pobreza y la raza, la organización social y la cultura".

Los expertos en tema de pobreza olvidan que la economía del sistema mundo funciona como una totalidad; pero sobre todo, olvidan la historia de su origen hace 500 años, y la persistencia de la colonialidad a pesar de los 190 años de república.

En un país como el nuestro, cuyo presupuesto está sustentado en los impuestos a las inversiones extractivas, la propuesta de "crecimiento con inclusión" es contradictoria en si misma por la incongruencia de los conceptos en los que se sostiene. Las inversiones extractivas requieren la concesión de territorios (actualmente está ya concesionado el 18% del territorio peruano), lo que supone desplazamiento de poblaciones, despojo, militarización de las propiedades, criminalización de reclamos, y otros abusos que atentan contra los derechos democráticos de los ciudadanos y de los pueblos. En esas condiciones, ¿puede haber crecimiento con inclusión? Ello va a depender de lo que entendamos por "inclusión".

Hace poco, un histórico luchador por el socialismo decía: "Cuando era joven luchaba por la justicia social...ahora, lucho por la vida. No por mi vida personal que ya se acaba; sino por la vida de quienes están creciendo, pero sobre todo, por la vida de quienes vendrán". Puede parecernos tremendista si lo miramos con los lentes del pensamiento dominante. Pero si lo miramos desde lo que cotidianamente nos ocurre, en especial, desde el mundo rural, la realidad de todos los días nos dice que las cordilleras nevadas se están derritiendo y que pronto no tendrán nieve que abastezca de agua a las lagunas y rios; que los rios se adelgazan y sus aguas bajan contaminadas por los relaves mineros; que los basurales de plástico crecen como plaga por todas partes; que los bosques se van reduciendo y con ello, la fauna y la flora que nos servía de alimento. Ese llamado progreso es una bestia voraz que destruye nuestra forma de vida; que a cambio de televisión, celular e internet, nos deja drogadicción, delincuencia y prostitución. Mirándolo así, entonces, ese progreso es una versión actualizada de la conquista y colonización; pero una conquista y colonización del futuro. De un futuro que solo le pertenece a las generaciones que están creciendo y sobre todo, a las que habrán de venir. Este aparente progreso de hoy, es un despojo, saqueo y destrucción de los elementos que permitirán la vida de las nuevas generaciones: Agua, aire, tierra, alimentos naturales.

Esta colonización del futuro se manifiesta también bajo la forma de "crédito" , que endeuda a la gente a tal punto que solo vive para pagar sus deudas, convirtiéndolas en presas fáciles de las manipulaciones mediáticas. Despojo de territorios, destrucción de la naturaleza, contaminación ambiental y esclavitud de la deuda, son los elementos visibles de este monstruo voraz llamado "capitalismo", que se nos presenta hoy con el evangelio del progreso y su mandamiento de "inclusión social".

Si la idea de "inclusión social" supone la primacía de los mecanismos asistenciales frente al reconocimiento de los derechos ciudadanos y de las culturas hasta hoy subordinadas, podríamos estar entonces frente a un proyecto mas peligroso que el clientelismo fujimorista, pues llevaría al encuadramiento político y a la dependencia económica de una parte de la población con respecto al estado. En realidad, para los grupos de poder la preocupación es la gobernabilidad y no la democracia. No resolver conflictos sino, controlarlos y disiparlos antes de que estallen.

En estas condiciones, la política de "crecimiento con inclusión" solo sería una versión actualizada de los fracasados programas anteriores. Frente a ello, es hora de clarificar las alternativas: ¿Porque es necesario y posible un EXODO?

Como sostienen los expertos del estudio citado inicialmente, la pobreza en nuestros países está relacionada con factores étnico-culturales. Es necesario recordar que "pobreza" es un concepto elaborado por la ideología de mercado en función de la capacidad de consumo. Quienes tienen un modo de vida diferente al estilo consumista dominante, son considerados un obstáculo para el progreso. A pesar de los esfuerzos de los evangelizadores de todos los tiempos, para convertirlos a la religión del consumo, las comunidades andino amazónicas persisten en su cultura.

Para quienes conocemos y valoramos la matriz cultural andina prehispánica, como un aporte para el mundo de hoy que se debate en una crisis civilizatoria, creemos que las resistencias de los pueblos andino amazónicos a las inversiones extractivistas y de infraestructura, son parte de las batallas que la humanidad está librando en defensa de la vida. La historia del pasado andino prehispánico nos enseña que en este territorio, su población organizó un modo de vida capaz de sustentar su existencia en equilibrio con su medio ambiente. Con las tecnologías hoy disponibles que sean amigables con la naturaleza, podríamos construir ese nuevo orden social que necesitamos, apoyándonos en los valores andinos de reciprocidad, cooperación y complementariedad.

Mirando en esta dirección, una política de EXODO consistiría en orientarnos a construir una nueva esfera pública por fuera del domino del mercado y del control del estado, apoyada en unidades productivas organizadas en formas de redes por espacios geográficos complementarios (archipiélagos de control vertical). Las tareas que de ello se deriven, pasan por la construcción de un MOVIMIENTO POR LA VIDA.

Lima, 24 de julio del 2011

CALIXTO GARMENDIA

LA EXTIRPACION DE IDOLATRIAS HOY: DE LA CRUZ DEL SAN CRISTOBAL AL CRISTO DEL PACIFICO

LA EXTIRPACION DE IDOLATRIAS HOY: DE LA CRUZ DEL SAN CRISTOBAL AL CRISTO DEL PACIFICO

Después de 500 años de hegemonía, la visión de progreso impuesta por el sistema mundo colonial moderno ha ingresado a un proceso de reversión, resultado del choque entre su colosal desarrollo y las limitaciones que la biosfera le impone a su crecimiento; así mismo, su implacable lógica de acumulación, determina la erosión creciente de la fuerza de trabajo (precariedad e incertidumbre) provocada por ese mismo desarrollo tecnológico, llevándole a destruir la llamada “sociedad del bienestar” que fue su último paradigma. El deslumbramiento y seducción que la tecnología genera, dificulta a mucha gente reconocer las externalidades que ese “progreso” representa. El indicador “Huella ecológica” aún no es suficientemente conocido como para valorar el impacto negativo que este tipo de progreso tiene sobre la biosfera y la amenaza que este mismo “progreso” representa para la vida en general.

Como sostiene el maestro Aníbal Quijano, el sistema mundo colonial moderno tiene su espacio original y tiempo inaugural en el descubrimiento de América. A partir de allí, los conquistadores son los “modernos” y los derrotados son calificados de “primitivos”. Ese acto de conquista, permite a los intelectuales del imperio la pretensión de representar el “progreso”, tal como lo sostiene Juan Ginés de Sepúlveda en su TRATADO SOBRE LAS JUSTAS CAUSAS DE LA GUERRA CONTRA LOS INDIOS:

"Hay otras causas de justa guerra menos claras y menos frecuentes, pero no por eso menos justas ni menos fundada en el derecho natural y divino; y una de ellas es el someter con las armas, si por otro camino no es posible, á aquellos que por condición natural deben obedecer á otros y rehúsan su imperio."

"Téngase, pues, por cierto é inconcuso, puesto que lo afirman sapientísimos autores, que es justo y natural que los hombres prudentes, probos y humanos dominen sobre los que no lo son…. y siendo esto así, puedes comprender …. que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo é islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores á los españoles como los niños a los adultos y las mujeres á los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles á gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes á los continentes y templados, y estoy por decir que de monos á hombres."

Como puede apreciarse, el razonamiento seguido por Juan Ginés de Sepúlveda para justificar las guerras de conquista, sigue siendo el mismo que el utilizado por el señor presidente para justificar la imposición de ese tipo de “progreso”, calificando de “primitivos” a quienes se le oponen, tal como se puede apreciar en la entrevista que concedió a Cecilia Valenzuela, el pasado 17 de junio:

“En tercer lugar derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios. En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un Apu, porque está lleno del espíritu milenario y no sé qué cosa. Bueno, si llegamos a eso, entonces, no hagamos nada, ni minería. No toques a esos peces, porque son criaturas de dios y son la expresión del dios Poseidón. Volvemos a ese animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación…”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Vf4WfS5t08

Con lo que el primer magistrado de la nación se presenta como un fundamentalista inquisidor en guerra contra los que considera enemigos de su religión y su idea de progreso.

La cruz del cerro San Cristóbal puesta allí por Alonso de Alvarado, en agradecimiento a su dios por haber vencido al ejército de Manco Inca que guerreaba para expulsarlos, simboliza la derrota temporal del mundo andino. Del mismo modo, el cristo de plástico instalado sobre el Morro Solar por el señor presidente, con el financiamiento del principal inversionista en obras de infraestructura, representa la pretensión de prolongar ese lejano acto de conquista, en nombre de un “progreso” que solo a ellos beneficia.

Si examinamos con atención, ese acto arbitrario de imponer la imagen de un dios protector, guarda una correspondencia lógica con la política de “El perro del hortelano”, porque ambos casos expresan con nitidez la matriz colonial del pensamiento dominante vigente hasta hoy, y contra el cual votaron los peruanos que aspiran a la Gran Transformación que haga del Perú, una patria para todos. Lo notable de estos casos es que ambos fueron promovidos por el jefe de estado, que personifica a la nación y que por tal razón, representa su voluntad general. ¿Es esto así?

En el discurso inaugural de su segundo mandato, García confesaba su pretensión de ser el “Nicolás de Piérola del siglo XXI”, emulando al fundador de la “república aristocrática” en su política de “orden y autoridad” para garantizar la estabilidad que necesitan los inversionistas a fin de asegurarles la rentabilidad de sus negocios. El pensamiento dominante ha impuesto como sentido común, la idea de que toda inversión es sinónimo de crecimiento y progreso; entendiendo como progreso, la “puesta en valor” (mercantilización) de todo lo existente: Todo se compra, todo se vende, todo tiene precio. Y en consecuencia con ello, todos los que se oponen y se resisten a la mercantilización de la vida, son considerados “enemigos del progreso”, como lo expresó Alan García, en la entrevista que le hiciera Cecilia Valenzuela:

Si consideramos que los pueblos Wampís y Awajún resistieron a la llamada “Ley de la selva” porque se pretendía entregar en concesión el territorio en que se ubica el cerro Kumpanam, donde habitan cinco Tijai o dueños de los cerros que cuidan las aguas, nubes, los animales y las plantas; que la concesión minera Santa Ana, afectaba el cerro Khapia, que es un Apu venerado por las comunidades campesinas Aymaras de Yunguyo; que el Santuario Nacional de Magantoni, donde se ubica el Pongo de Mainique, a través del cual el río Urubamba atraviesa la cordillera, y tiene un significado sagrado para la cultura Machiguenga y Yine Yami que habitan ese territorio, que sin embargo se encuentra amenazado por los proyectos de centrales hidroeléctricas y el tendido del gasoducto, entenderemos la resistencia de estos pueblos a las inversiones allí proyectadas.

En contraposición a la religiosidad andino amazónica, que por respetar a la naturaleza es considerada primitiva, los adalides del “progreso” nos presentan un objeto de plástico que en el pensamiento dominante simboliza al fundador de su religión. ¿En nombre de que razón puede el jefe de estado calificar de primitivo, el carácter sagrado que la naturaleza tiene para los ciudadanos que pertenecen a las culturas andino amazónicas?, ¿y donde queda el respeto a la diversidad cultural?, ¿y donde queda la separación iglesia-estado que garantice la libertad de conciencia de sus ciudadanos?, ¿Qué opinión tienen de esto, la tecnocracia?; ¿seguirán creyendo como Fray Ginés de Sepúlveda, que entre ellos y los indígenas existe un abismo de diferencia como el que separa al mono del hombre?

Frente a ello, nuestra respuesta es contundente: Defender la naturaleza es defender la vida, amenazada hoy por la voracidad de los inversionistas que codician los llamados “recursos naturales”; voracidad justificada con el argumento de que las inversiones traen progreso, sin reflexionar sobre el tipo de progreso ni sobre las externalidades que acarrea. Construir un MOVIMIENTO POR LA VIDA, que signifique una alianza entre conocimiento y naturaleza, para defender la vida, es una necesidad urgente.

Lima, 01 de Julio del 2011

CALIXTO GARMENDIA