DESPUÉS DE 519 AÑOS: AUN SOMOS

12 de Octubre: Hasta ahora sigue

No solo se llevaron 72 billones de dólares en oro solo en las primeras décadas, mataron 40 millones de personas, se saqueo la inteligencia originaria, sino que se destrozó la identidad de los pueblos del continente. Esto último fue lo mas grave, pues ninguna explotación funciona si primero no se domina al que va a ser explotado.

A ese ser se le dominó a sangre y fuego para la coyuntura colonial y religiosa, cultural y socialmente para la estructura de larga duración; con esas políticas públicas se construyó la Colonialidad del Poder. Los efectos de ese dominio son duraderos: Las "guerras de pobres" quizás exprese el resumen del pensamiento y la actitud conflictiva de la actual personalidad de nuestra gente, asì como el logrerismo y la cobardía. Esos son los peores amarres para el despegue de nuestro pueblo en los ámbitos de la ciencia, la cultura y la política.

Todo dominio se enfrenta mejor con la DIGNIDAD, cuya base es la identidad que es el sentimiento de pertenencia a un destino común. Ese dominio de 519 años solo se romperá cuando vuelva la DIGNIDAD: el respeto por uno mismo, y el respeto por los demás.

Si no liberamos el pensamiento que es el ámbito donde funcionan las imágenes que determinan la conducta, no podremos liberar el cuerpo ni la sociedad; ni luchar eficazmente contra el patrón de poder, imbatible en mas de 500 años.

Por eso el Sumak Kawsay no es solo una alternativa a la sociedad capitalista en crisis, sino un código de vida personal y social que debe practicarse permanentemente.

Rodolfo Abarca Huanca

EL 11 SIN FIN - POR UN PERENNE 11 DE OCTUBRE

Digamos que el 11 es un día que nunca acabó, y que continúa vivo en los parajes de nuestro continente, escondido en los dobleces de la tierra, como una historia va, latente, pulsante y reemergente. Como una clandestinidad del indio, por debajo de las sangres blancas que se empeñaron en encubrirlo por siglos de mestizaje sin conseguir extinguir los cauces cálidos de la suya: arterias de extranjería por las que navegó, polizón indocumentado de la historia, aflorando en los signos de la raza del país interior; por debajo de los nombres que pretendieron sepultar los suyos, apellidos castizos que ocultaron los "Choque", los "Vilte", los "Cayuqueo", los "Paine", los "Cupirati", los "Mayrarú", los "Moquirací"; por debajo de su reclasificación en las diferentes faenas con que fue explotado: hachero, mensú, criada, peón, campesino, obrero; por debajo de la superficie de esa gran fosa colectiva que son las pampas, las punas y mesetas, las quebradas, los cañadones, los montes y las selvas, después de las masacres. Pues de nada han servido todos esos esfuerzos por negarlo, disimular su existencia o exterminarlo. Diezmado, perseguido y silenciado, desde su estratégico escondite, nuestros enemigos saben que no existe ni más determinado ni mejor custodio de la soberanía sobre los recursos para la vida aún yacentes en Nuestramérica. Por eso mismo, a pesar de la gran conspiración, a pesar de la colonialidad permanente, EL 11 TODAVÍA ES HOY!!!!

Rita Segato y Tukuta Gordillo

IV MINGA GLOBAL POR LA MADRE TIERRA

IV MINGA GLOBAL POR LA MADRE TIERRA

 ¡Por los Derechos de la Madre Tierra!

¡Por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas!

¡Contra la imposición de las actividades extractivas

(minera, petrolera, forestal)!

Hace 519 años, la invasión europea a nuestro continente, el Abya Yala (hoy conocido como América), interrumpió abruptamente la vida de nuestras civilizaciones, que sabíamos convivir en diálogo y armonía con la Madre Tierra. Empezó la era del saqueo, la depredación, el exterminio físico y cultural. Cinco siglos más tarde, la política neoliberal se impuso en el mundo como la nueva colonización y la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas cobró nuevas fuerzas.

Ese modelo neoliberal está ahora en crisis: económica, financiera, política, climática. Los paradigmas de libre mercado y Estado uninacional se derrumban. Las catástrofes climáticas (sequías, huracanes, inundaciones, heladas) se multiplican, golpeando a los más pobres. Y los responsables, con su consumismo extremo y su dependencia de los combustibles fósiles, aquellos que emiten los mayores volúmenes de gases de efecto invernadero, dan como única respuesta la mercantilización de la naturaleza a través de las falsas soluciones (REDD, economía verde, mercado de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, etc.).

Porque es en nuestro continente donde está la mayor reserva de agua dulce, de biodiversidad, de minerales e hidrocarburos, los voraces ojos de las transnacionales y los países ricos se dirigen a él. Y en su afán destructivo de acumulación individual, pisotean los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra.

Para eso los Estados imponen un modelo económico neoliberal en constituciones y leyes que arrasan con los derechos humanos y colectivos y otorgan todo tipo de facilidades para la inversión extractivista. Por eso acuerdan megaproyectos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), como la hidroeléctrica de Inambari en el Perú y la de Belo Monte en Brasil, como la carretera del TIPNIS en Bolivia, multiplicando los conflictos sociales.

La minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, contaminando nuestras aguas, nuestras tierras, nuestro aire. Destruye nuestras actividades de subsistencia como la agricultura y la ganadería. Nuestra Amazonía está lotizada para las empresas de gas y petróleo.

Todo esto se agrava con la crisis climática que pone en riesgo todas las formas de vida. Nuestros glaciares se derriten y en poco tiempo pueden desaparecer, secando la Madre Tierra.

Los bienes naturales estratégicos están en los territorios de los pueblos indígenas y por eso militarizan nuestros territorios, criminalizan el ejercicio de nuestros derechos, nos reprimen, crean leyes penales, nos procesan judicialmente, nos encarcelan, nos matan.

Pero los pueblos indígenas no somos más invisibles. Hemos pasado de la resistencia a la propuesta y la acción, nos hemos visibilizado, articulado. Contamos con nuestros saberes y prácticas ancestrales que nos permitieron conservar y enriquecer la biodiversidad con la que nos bendijo la naturaleza, contamos con derechos reconocidos por tratados internacionales: al territorio y la libre determinación, de los cuales emanan el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, a decidir nuestra forma de vivir y sobre nuestros bienes naturales. Tenemos propuestas para enfrentar la crisis de la civilización occidental y la crisis climática: el Buen Vivir en diálogo y armonía entre los pueblos y con la Madre Tierra, que ofrecemos al mundo para salvar a todas las formas de vida.

Saludamos las movilizaciones que hoy recorren el continente y otras latitudes. Y desde nuestros principios, saberes y prácticas ancestrales, desde nuestra visión de futuro, llamamos a todos los pueblos del mundo a unir fuerzas en defensa de la vida. A prepararnos para consensuar propuestas rumbo a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP17 de Durban, Sudáfrica (diciembre 2011) y Río+20 (junio 2012), para que los causantes de la crisis climática en el mundo asuman su responsabilidad histórica, paguen la deuda climática y asuman compromisos firmes que ataquen las causas y no lo síntomas de la destrucción que ocasionan. 

Por todo lo anterior, hoy 12 de octubre, en la IV Minga Global por la Madre Tierra, en cada rincón del Abya Yala y otras partes del mundo, levantamos nuestras voces y unimos nuestras manos en defensa de la vida, por los derechos de la Madre Tierra, por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, contra la imposición de las actividades extractivas. Por la construcción colectiva del Buen Vivir.

En defensa de la vida…  ¡No a la minería, no a las falsas soluciones al cambio climático… Sí a la libre determinación de los pueblos indígenas!

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consejo Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena de Meso América (CIMA), CONACAMI, CONAMAQ, ECUARUNARI, ONIC, FOCO, FUNDAMAYA, COMKADES, No a la Mina, CRIC, CONAFROIC, CRIDEC, CONAVIGUA, Minga Informativa de los Movimientos Sociales, TONATIERRA, Peruanos en Acción, Movimiento Indígena Nacional (México), Grito de los Excluidos, Plataforma 12 de Octubre: ¡Nada qué celebrar!, GTEPIC-15M, SICSAL, ECOPORTAL, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, otras organizaciones indígenas del Abya Yala.

TIPNIS - BOLIVIA: EL CORAJE DE IR CONTRA LA CORRIENTE

[Tipnis] Bolivia: El coraje de ir contra la corriente

Raúl Zibechi 

Si la marcha de 1990 marcó el comienzo del ocaso del modelo privatizador, la de ahora puede estar mostrando los límites éticos del proceso plurinacional.

www.kaosenlared.net/noticia/tipnis-bolivia-coraje-ir-contra-corriente

El 16 de agosto de 1990 comenzó la Marcha por el territorio y la dignidad, que llegó a La Paz luego de 34 días de caminata desde el oriente de Bolivia. Fue la primera acción colectiva de envergadura de los pueblos de tierras bajas, la Amazonia y el Chaco, que estaban sufriendo el despojo de las empresas madereras que explotaban los bosques y del latifundio que se expandía sobre sus territorios.

Salieron 300 marchistas y llegaron a La Paz más de 800 de pueblos dispersos en los territorios más diversos: 190 del Parque Isiboro-Sécure, 85 del Bosque Chimán, 135 de San Lorenzo, 82 del Ibiato, 25 de San Francisco, 42 de Santa Cruz y varias decenas de otros sitios donde habitan mojeños, yuracarés, guaraníes, mosetenes y otros, según detalla el libro Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, coordinado por Álvaro García Linera.

Según el autor, hoy vicepresidente, la marcha fue exitosa y tal fue la presión moral de esta inédita movilización que el gobierno tuvo que emitir apresuradamente ocho decretos, entre los cuales se reconocían cuatro territorios indígenas (p. 218). Uno de ellos es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), de donde procedían la mayoría de los indígenas.

Sobre esta marcha histórica se ha escrito y reflexionado mucho, ya que representó un viraje en la historia social y política de Bolivia.

Uno: es el comienzo de la recomposición del movimiento popular luego de la derrota obrera-minera-sindical de 1985-1986, que abre el periodo neoliberal-privatizador en Bolivia. En 1990 gobernaba Jaime Paz Zamora y el modelo estaba en su apogeo.

Dos: la marcha visibiliza pueblos que durante décadas estuvieron sumergidos y no estaban organizados más que en sus comunidades, pero sobre todo puso sobre la mesa un nuevo tema: los territorios.

Tres: la marcha es una tecnología de protesta más eficaz que los paros, huelgas de hambre y bloqueos, que permite conseguir apoyos a lo largo del trayecto, como ya había sucedido en 1986 con la marcha de los mineros desde Potosí a La Paz, como señala Félix Patzi.

Cuatro: cuando los marchistas llegan a la cumbre que separa el Altiplano de los Yungas y la Amazonia, a cinco mil metros de altitud, se produce un encuentro de hermandad entre los pueblos de tierras bajas y los de tierras altas, aymaras y quechuas. El sacrificio ritual de una llama convoca a la construcción de un país confederado de naciones originarias. Ahí nace la Bolivia plurinacional, 18 años antes de ser reconocida en la Constitución.

Cinco: los pueblos de tierras bajas buscan el reconocimiento de sus autoridades tradicionales y la autorrepresentación política que permita eliminar las intermediaciones étnicas con las que por lo general los pueblos indígenas negocian con el Estado (García Linera, p. 255). Esta revolución teórica y política va de la mano de la demanda de autonomía y autogobierno, como señala Héctor Díaz-Polanco.

Seis: la marcha fue un triunfo, tanto por los decretos que el gobierno se vio forzado a emitir como por el masivo apoyo popular que obtuvo; por haber instalado nuevos temas y nuevos actores en el escenario político. Los pueblos de tierras bajas fueron capaces de marchar contra la corriente neoliberal hegemónica, y en esa resistencia activa se fortalecieron y comenzaron a forjar un amplio frente social que con el tiempo derrotó al modelo.

En los años siguientes se sucedieron varias marchas tanto de pueblos de tierras bajas, que exigían la titulación de sus tierras comunitarias, como de otros sujetos que resistieron el neoliberalismo.

El TIPNIS tiene una superficie de 1.2 millones de hectáreas que albergan bosques húmedos que regulan el cauce de los ríos amazónicos que bajan hacia las llanuras, y es una zona de especies endémicas habitada por 64 comunidades de tres pueblos originarios. Tiene una zona colonizada de 125 mil hectáreas, donde viven unos 15 mil colonos, gran parte de ellos cultivadores de hoja de coca. En 2009 el presidente Evo Morales entregó a los indígenas mojeños, yuracaré y chimanes el título colectivo de un millón 91 mil 656 hectáreas, que beneficia a sus 7 mil habitantes.

En abril de 2010 el mismo gobierno aprobó un préstamo del brasileño BNDES para que la empresa brasileña Constructora OAS comenzara la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 305 kilómetros, entre los departamentos de Cochabamba y Beni. La obra corta en dos el TIPNIS, forma parte del corredor bio-oceánico de la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura de la Región Sudamericana) y corre en paralelo al bloque petrolero Sécure, sobre el cual la española Repsol adquirió los derechos por 30 años.

El 15 de agosto comenzó la octava Marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, que está siguiendo la misma ruta de la de 1990. Los motivos no son muy diferentes, los pueblos son los mismos y también algunos de los que marchan. Lo que ha cambiado en dos décadas es que al neoliberalismo privatizador le sucedieron las megaobras de la IIRSA para acelerar la circulación y extracción de bienes comunes. Ya son 524 proyectos, por casi 100 mil millones de dólares, que atraviesan el continente.

El segundo cambio es que ahora son los estados, sobre todo Brasil, a través del BNDES y grandes empresas como OAS, una de las principales contribuyentes en las campañas electorales de Lula, quienes promueven estas obras que aumentan la desigualdad entre pueblos, regiones y países.

El tercer cambio es el del propio gobierno de Evo Morales. Dice que las demandas son innegociables, acosa a las organizaciones en vez de debatir argumentos y enfrenta indios con indios al movilizar a los miembros del MAS contra la marcha. No son los impactos ambientales lo que está en el centro, sino el respeto a los pueblos.

Si la marcha de 1990 marcó el comienzo del ocaso del modelo privatizador, la de ahora puede estar mostrando los límites éticos del proceso plurinacional.

DEL EXTRACTIVISMO COLONIAL AL EXTRACTIVISMO DEL SIGLO XXI

DEL EXTRACTIVISMO COLONIAL AL EXTRACTIVISMO DEL SIGLO  XXI

Alberto Acosta[1]


Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.

Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.

Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.

Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.

Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de esta aseveración.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantesprogresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.

Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernosprogresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de acumulación extractivista.

Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.

Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”de partelos gobernantes progresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).

En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.

En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.

Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la trampa del extractivismo es indispensable. 

Loja, 30 de septiembre del 2011

[1]Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente. 

PROPUESTAS AL PAIS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERIA

CONACAMI

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería

Declaración del Misti

Propuestas al país de las comunidades del Perú afectadas por la minería

El Foro Nacional de los Pueblos celebrado del 13 al 16 de setiembre en Arequipa, luego de haber recibido los informes de los pueblos y comunidades de diversas regiones del país sobre los terribles impactos de la actividad minera sobre la vida, la salud, el ambiente, los recursos naturales y la organización autónoma de las comunidades; y en concordancia con los informes de las mesas de trabajo que formaron parte de este evento declara lo siguiente:

Considerando que la actividad minera ha crecido enormemente desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía, elevándose actualmente a más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.

Considerando que alrededor de 300 mil personas de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha invadido sus territorios y trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional.

Considerando que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.

Considerando que la actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.

Considerando que los pueblos y comunidades campesinas u originarias son poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por su condición de pobreza, desprotección, y debido a que sus actividades dependen de los cambios en el clima y la naturaleza a la cual están estrechamente vinculados.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que esta promoción haya desarrollado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Considerando que la visión de desarrollo que enfatiza el crecimiento económico como principal indicador sobre la base de proyectar una imagen de “Perú Minero” soslaya y menoscaba otras actividades esenciales y sostenibles indispensables para la alimentación, la salud y el bienestar de la población del país, que además están asociadas a la protección de nuestra diversidad cultural y biológica y a nuestras tradiciones culturales.

Considerando que la principal respuesta de las empresas y el Estado se condensa en la nefasta política del “perro del hortelano” del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente.

Considerando que el triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala es el reflejo de una voluntad de cambio profundo y radical del modelo vigente, que desea un crecimiento económico pero con equidad e inclusión social, el cual cautele de manera prioritaria y fundamental los derechos humanos de los pueblos y comunidades cuyas voces han sido marginadas y excluidas del debate y de las grandes decisiones nacionales.

Considerando que es fundamental empezar por crear las condiciones para un diálogo constructivo, propositivo y con equidad, que actúe con veracidad sobre la realidad, superando los antagonismos entre “promineros” y “antimineros”, con la finalidad de sentar las bases para un entendimiento y formular políticas públicas adecuadas para superar los conflictos y preservar el interés nacional y los derechos humanos y de los pueblos.

Proponemos al gobierno:

1. Crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

2. Ampliar y fortalecer el marco jurídico nacional para proteger con eficacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, organizados en el Perú en comunidades campesinas y nativas, y que se encuentran amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales definen los niveles jurídicos mínimos para interpretar las normas nacionales y cautelar derechos esenciales como el derecho a la libre determinación, a elegir un modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.

3. Abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios que enfrentan a los pueblos y comunidades con las empresas mineras y el propio Estado.

4. Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay. Asimismo, cancelar aquellas concesiones mineras otorgadas que sean denunciadas por los pueblos y comunidades como lesivas y que no hayan sido consultadas ni tengan su consentimiento previo.

5. Adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades. Sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales,prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las actividades mineras. Crear un Registro Nacional de las Víctimas por metales tóxicos, e identificar y sancionar a los responsables de estos atropellos a la vida.

6. Derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social y pretenden restringirla. Amnistiar a los dirigentes comunales y luchadores sociales procesados por defender el ambiente y la vida frente a la actividad minera y reparar a las víctimas de la represión.

7. Demandar al Gobierno del presidente Ollanta Humala retomar su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero a fin de asegurar un fondo para resarcir los daños al ambiente y a las víctimas.

8. Designar al Ministerio del Ambiente como ente rector para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, con parámetros técnicos y sociales adecuados y con respeto a los derechos humanos.

9. Ordenar el territorio nacional con criterio de sostenibilidad ambiental y con la participación de los pueblos y comunidades originarias, para definir las zonas del país en las cuales se pueda o no se pueda hacer minería.

10. Apoyar la formación de una red de comités de vigilancia ambiental, para que desde las comunidades se vigile la actividad minera y se identifique con prontitud y precisión la emanación y variación de sustancias tóxicas en el aire, ambiente y cuerpos de agua.

11. Incorporar en la agenda política nacional el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a fin de fortalecer la conciencia ambiental y promover medidas que equilibren el uso armonioso y racional de los recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Arequipa, 16 de setiembre 2011

PERÚ: LOS PUEBLOS INDÍGENAS PLANTEAMOS UN NUEVO MODELO POLÍTICO Y ECONÓMICO

 

Por ser de interés, reproducimos el reciente comunicado de la CAOI


Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Perú: Los pueblos indígenas planteamos un nuevo modelo político y económico

Arequipa.- El Coordinador General de la CAOI, Miguel Palacín Quispe,
señaló hoy que la Constitución de 1993, promulgada por la dictadura de
Alberto Fujimori para imponer el neoliberalismo extractivista en el
Perú, recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Frente a ello, necesitamos un nuevo contrato social que garantice el
cambio del modelo político hacia un Estado plurinacional y el cambio
del modelo económico en crisis hacia la reconstitución del buen vivir.

Fue durante su exposición en el marco del Foro Nacional de los Pueblos
Alternativo a la 30° Convención Minera, organizado por la
Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
(CONACAMI PERÚ), que concluye mañana el viernes en esta ciudad. A
continuación, la ponencia del Coordinador General de la CAOI.

Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y las leyes del Perú

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

Los pueblos indígenas habitamos este territorio hoy llamado Perú desde
hace miles de años. La invasión europea y la Colonia interrumpieron el
proceso de nuestras civilizaciones. La República copió el modelo de
Estado uninacional europeo y se organizó en el gobierno central, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos
comunitarios no existen en la estructura del Estado. La exclusión
continúa.

La Constitución de 1919, casi un siglo después de instaurada la
República, reconoció por primera vez a las comunidades indígenas. Pero
nunca fueron reconocidos nuestros derechos territoriales.

Los pueblos indígenas no están reconocidos como tales en el Perú.
Desde el gobierno de Velasco Alvarado, han sido identificados como
comunidades campesinas en la costa y los andes, y como comunidades
nativas en la Amazonía. El gobierno de Velasco, con la Reforma Agraria
de 1969, nos devolvió las tierras, pero no los territorios. Y nos
campesinizó.

Neoliberalismo y recorte de derechos

La Constitución de 1993, promulgada por la dictadura de Alberto
Fujimori, recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La Constitución anterior, de 1979, otorgaba a las tierras de las
comunidades el carácter de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad. La de 1993 solo nos dejó la imprescriptibilidad,
dejando abierta la posibilidad de la privatización de nuestras
tierras, lo que significaría la desaparición de nuestras comunidades.

Esta Constitución fue elaborada para imponer el neoliberalismo, el
cual necesita pasar por encima de los derechos humanos y colectivos.
El neoliberalismo se impone con fuerza y la exclusión se profundiza.
Si no lo hace, no triunfa. Por eso también la creciente
criminalización de la protesta en normas dictadas por los gobiernos
que sucedieron a Fujimori, especialmente por el de Alan García Pérez,
con sus trágicas consecuencias del Baguazo y los 191 asesinados en el
marco de protestas sociales; por eso la multiplicación de los
conflictos socioambientales.

Desde 1995, el Estado peruano es parte del Convenio 169 de la OIT, que
tiene rango constitucional y, por tanto, es de obligatorio
cumplimiento. Pero jamás ha sido cumplido.

Los intentos por crear una institución estatal para los pueblos
indígenas han fracasado sucesivamente. La CONAPA  de Toledo se hundió
en la ineficacia y la corrupción. Fue sustituida por el INDEPA, al
cual fueron recortándole sucesivamente facultades, no se elegía a los
representantes indígenas en su Consejo. Finalmente, ha desaparecido y
hoy la Ley de Consulta ha dado al Viceministerio de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura el carácter de órgano técnico especializado
en materia indígena del Poder Ejecutivo.

En realidad, en el Perú el avance normativo para el reconocimiento de
los pueblos indígenas es limitado, disperso y contradictorio.

Quiénes somos

Para acabar con la exclusión, el Estado necesita saber quiénes,
cuántos somos, dónde estamos. Según el INDEPA, el Perú posee 71
etnias, 67 idiomas, agrupados en 17 familias lingüísticas, y al menos
11 pueblos en situación de aislamiento voluntario o en contacto
inicial, ubicados en las regiones de Loreto, Cusco, Madre de Dios y
Ucayali. Pero estos pueblos solo han sido identificados y no han sido
reconocidos territorialmente.

De acuerdo a los censos nacionales del 2007, la población total del
Perú ascendía a 28,220.764 habitantes, de los cuales se identificaron
como indígenas 4,295.931, que representan el 15.2 % de la población
total. En este caso, sólo se ha considerado la población que habla
alguna lengua materna originaria, mas no a quienes se auto
identifican. En el caso de los niños, en las estadísticas oficiales
solo se consideran a niños que saben  o hablan lengua materna y no están
considerados los niños hijos de indígenas y que por alguna razón solo
aprendieron hablar el castellano.

Lo cierto es que el Estado no ha hecho el esfuerzo de reconocer a los
pueblos indígenas y fijarlos territorialmente, ni ha construido
indicadores adecuados para determinar la cifra exacta de la población
indígena. Esta falta de información real dificulta e impide realizar
políticas públicas adecuadas. Por eso el Estado sigue considerándonos
y tratándonos como solo el folclor de la democracia.

Normas legales, letra muerta

Las normas constitucionales y legales son letra muerta. La
Constitución vigente (de 1993) establece que toda persona tiene
derecho a su identidad étnica y cultural; asimismo protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art. 2); reconoce la
necesidad de la educación intercultural bilingüe y la fomenta según
las características de cada zona; preserva las diversas
manifestaciones culturales y lingüísticas del país (Art. 17); reconoce
como idiomas oficiales el castellano, quechua, aimara y las demás
lenguas aborígenes (Art. 48) y consagra el derecho de propiedad
comunal sobre la tierra (Art. 89).

El artículo 88° de la Constitución establece la personería jurídica de
las Comunidades Campesinas y Nativas como entidades autónomas en su
organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición
de sus tierras, en lo económico y administrativo. El Estado respeta la
identidad cultural de las Comunidades Nativas y establece que la
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo el caso de abandono
según previsión legal. Pero, como ya hemos dicho, en la Constitución
no se reconoce expresamente a los pueblos indígenas como sujeto
jurídico, sino solo a las Comunidades Nativas y Campesinas.

Sin embargo, la normativa infra constitucional sí ha desarrollado
conceptos y definiciones específicas sobre los pueblos indígenas u
originarios: La Ley de Protección de la Diversidad Biológica y de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Ley No 27811, los
define como (Artículo 2) pueblos originarios y que tienen derechos
anteriores a la formación del Estado peruano, reconoce su cultura,
territorio, y el autorreconocimiento.

La Ley General del Ambiente, Ley No 28611, (Artículo 70) sí los
reconoce como pueblos indígenas y el derecho a su participación. Y la
Ley No 28736 reconoce a los pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y de contacto inicial (Artículo 2).

Son reconocimientos que se quedan en la letra, no se materializan en
la práctica.

Ley de Consulta

Recientemente ha sido promulgada la Ley de la Consulta. Pero esta no
reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que
es irrenunciable. La OIT y la CIDH han señalado reiteradamente que la
consulta no necesita de una ley o un reglamento para ser ejercida. Lo
que abre las puertas para el inicio de procesos para exigir la
anulación de concesiones que no fueron consultadas desde 1995, cuando
el Convenio 169 entró en vigencia en el Perú.

La Ley de la Consulta puede ser un pequeño primer paso en el
reconocimiento del derecho al consentimiento. De lo contrario, será
solo una institucionalización del diálogo. Muchos años de lucha y
muchos muertos hemos sufrido en un largo proceso por exigir el pleno
ejercicio de este derecho. Pero sin el reconocimiento del derecho al
consentimiento, a lo sumo con esta ley hemos logrado apenas un empate
político.

La Ley se ciñe estrictamente al Convenio 169 de la OIT, pero hay otras
normas internacionales que protegen nuestros derechos y que la Ley de
Consulta no incorpora, como la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que sí reconoce el derecho al
consentimiento. Hay que tener claro que si un acuerdo producto de una
consulta vulnera derechos reconocidos por tratados internacionales,
que están por encima de las leyes y sus reglamentos, puede ser
anulado.

El artículo 20 de la Ley de Consulta obliga al Viceministerio de
Cultura a crear una base de datos oficial de los pueblos indígenas.
Esto puede traducirse en el reconocimiento oficial de nuestros
pueblos. Debemos estar vigilantes para que implique el reconocimiento
de nuestros territorios.

Cambio del modelo económico y político
Finalmente, volvamos al principio: la Constitución de 1993, impuesta
por una dictadura para imponer el neoliberalismo extractivista,
recortó nuestros derechos. La lucha es entonces contra ese modelo
económico y político y por una nueva Constitución. De lo contrario,
todo avance normativo seguirá siendo solo una declaración lírica.
Necesitamos, entonces, un nuevo contrato social que garantice el
cambio del modelo político hacia un Estado plurinacional y el cambio
del modelo económico en crisis hacia la reconstitución del buen vivir.





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Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
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¿QUIEN INCLUYE A QUIEN?

Por la importancia estratégica de tener completamente claro el significado de INCLUSION, reproducimos el texto de Rodrigo Montoya publicado hoy sábado 10 de septiembre, en LA PRIMERA.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/quien-incluye-a-quien_94361.html

¿QUIEN INCLUYE A QUIEN?

Rodrigo Montoya

En una reunión de CADE en Arequipa, hace varios años, los empresarios peruanos acordaron que defenderían una política de inclusión para el país; pero de regreso a sus centros de vida y de trabajo, olvidaron el tema. Hoy, el verbo incluir está en boca de todos, y quien en el gobierno no la mencione corre el riesgo de haber perdido el tren de la moda.

¿Quien incluye a quién?, ¿a que?, y ¿para que? Son preguntas inevitables si es que tenemos la buena voluntad de entender y, al mismo tiempo, guardamos el ojo crítico para que no nos den gato por liebre.

En una "Carta de San Antonio" --publicada en la columna de Mirko Lauer, en La República, 29 de agosto del 2011-- José Ignacio Lopez Soria menciona lo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice del verbo Incluir: "Poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites" y agrega, con razón, que "lo puesto (cosa, pálabra o persona)es sacado del mundo que le es propio para ser incorporado a un mundo que le es ajeno". En otras palabras, incluir es una propuesta que quienes gobiernan desde el poder colonial imponen para que los otros, los diferentes, los llamados indios, o indígenas dejen de pensar su realidad en sus propios términos y quieran cambiar sus destinos por su cuenta, como les de su buena gana, y también para que los llamados "pobres" acepten la bondad de quienes les dan una mano sin cuestionar la enorme desigualdad social que causa esa pobreza. "Usted es la inclusión", le habría dicho el presidente Humala a Susana Baca cuando --según la revista Caretas, 8Set2011-- recibió su fajín de ministra. Si la frase fue dicha en verdad, Es Susana Baca como persona que es incluida en el mundo oficial y no el mundo oficial el que se incluye en el mundo afrodescendiente de ella. No habría, en consecuencia, nada propio del presidente sobre la categoría inmclusión.

Cuando se formaba la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, Evaristo Nunkuag, su primer presidente, preguntó: ¿Quién integra a quién?. Entonces, 1980, estaba aún vigente la propuesta de "integración" en boca de los indigenistas, para que los llamados indios aprendan castellano, crean firmemente en el dios católico, modernicen sus técnicas de cultivo, vayan al hospital oficial y dejen de creer en shamanes y brujerías. En 1980, del mismo modo que en el siglo XVI, los gobernantes veían a los llamados indios como menores de edad y objetos de tutela.

Hoy, los movimientos políticos indígenas tienen su propio proyecto plítico, no necesitan mas de indigenistas de buena voluntad como Toledo y su "primera dama" y no quieren ser incluidos; es decir, absorvidos, comidos, aculturados y ninguneados como en el pasado. Cuando reclaman inclusión están pensando en los viejos términos de aquel discurso opuesto a la exclusión, para reclamar que parte de la riqueza que se redistribuya y algo les llegue de la nueva riqueza, como en el cuento de ese óbolo, aceptado por Alan García de sus amigos empresarios mineros. Cuidado con la inclusión. Si el presidente y los funcionarios del gobierno y los líderes indígenas reproducen el discurso liberal y colonial de la inclusión, podrían perder lo poco que los primeros han logrado y lo mucho que los últimos han conquistado en sus 30 años de lucha.